Reduce por Decreto el tope máximo que se puede cobrar por ayuda, con lo que los preceptores recibirán hasta 900 euros menos al año

Los Socialistas piden paralizar una medida que empeora la situación económica de las familias más necesitadas

La alcaldesa de Barakaldo (PNV) aprobó en la tarde de ayer el Decreto que regula la cuantía de las Ayudas de Emergencia Social (AES) por cada uno de los conceptos contemplados: alquiler o pago de la hipoteca, alimentación… La resolución establece una rebaja generalizada del tope máximo que se puede cobrar por ayuda, con lo que los preceptores recibirán en 2016 hasta 900 euros menos al año que el ejercicio anterior.

Este importante recorte no ha pasado desapercibido para el PSE-EE. La concejala Socialista Alba Delgado ha pedido hoy la paralización de la medida, que va a causar un daño irreparable en centenares de familias barakaldesas: “A menos dinero, más dificultades. Resulta evidente que se va a empeorar la situación de las personas más necesitadas de Barakaldo”.

Las Ayudas de Emergencia Social (AES) son concedidas y gestionadas por el Ayuntamiento, si bien su financiación y el marco legal que las regula es competencia del Gobierno Vasco. En Barakaldo, el dinero que llega del Ejecutivo autónomo nunca es suficiente, de ahí que cuando estaba en el Gobierno local el PSE-EE siempre habilitara una partida extraordinaria con fondos municipales para cubrir el 100% de las ayudas. Una partida que rozaba el millón de euros en los últimos años.

En 2016, con el PNV en el Gobierno municipal, aún se desconoce el importe de la aportación del Ayuntamiento. El Gobierno vasco, por su parte, destinará 1.283.556,17 euros a cubrir las Ayudas de Emergencia Social en Barakaldo. Se trata de 58.301,83 euros más que en 2015.

Sin embargo, la alcaldesa ha decidido reducir de forma importante la cuantía máxima que se puede cobrar por ayuda. En el concepto con mayor porcentaje de preceptores en los últimos tiempos, el pago de cuotas del alquiler o la hipoteca, el límite pasa de 3.000 a 2.100 euros; es decir, 900 euros menos.

También se reducen de forma importante las ayudas para abordar los gastos de adaptación, reparación y/o instalaciones básicas en una comunidad de vecinos, cuyo tope cae en 750 euros; de 1.850 pasa a 1.150 euros.

En los gastos de alimentación la caída del límite por ayuda es de 100 euros (de 1.000 a 900 euros). Idéntico recorte se da para la compra de mobiliario o electrodomésticos (pasa de 700 a 600 euros), la compra de material sanitario básico como las gafas o audífonos y los gastos de mantenimiento del hogar -luz, agua, gas, alcantarillado, basuras, comunidad…-. En este último caso el tope cae de 600 a 500 euros.

Las reparaciones en viviendas tienen un límite de 600 euros, 121 menos que el año anterior. En cuanto a las ayudas para afrontar gastos de mobiliario esencial -cama, colchón, somier-, pasan de 350 a 300 euros.

FAMILIAS SIN AYUDA

Estos recortes se unen a la decisión del Gobierno local de dejar el año pasado sin ayuda a 261 familias. Para ello, se alegó “falta de presupuesto”, cuando el Ayuntamiento cerró el año con un superávit de 7,71 millones de euros. A cambio, se asumió el compromiso de atender a estas personas en 2016, lo que a buen seguro engordará la lista de posibles preceptores.

“De nada sirve cumplir con la recomendación del Ararteko de eliminar el límite del patrimonio que pueden disponer las personas que reciben la ayuda si luego mucha gente se queda sin recibir el dinero o recibe, como puede ocurrir este año, hasta 900 euros menos por ayuda”, se lamenta Alba Delgado.