Ha decidido repartir dinero extra únicamente entre 226 de las más de 400 familias beneficiarias de las ayudas de emergencia
Quedan fuera quienes han subarrendado o coarrendado las viviendas, una figura que suele ser utilizada por personas divorciadas y jóvenes estudiantes o con trabajos precarios
El PSE-EE ha pedido hoy en la Comisión de Acción Social igualdad de trato entre todos los beneficiarios de las ayudas al alquiler
El PSE-EE de Barakaldo quiere igualdad de trato entre todas las familias que han recibido ayudas de emergencia para pagar el alquiler de su vivienda. Los Socialistas han aprovechado hoy la reunión de la Comisión Informativa de Acción Social para solicitar al Gobierno del PNV que reconsidere su decisión de discriminar a unas familias frente a otras a la hora de repartir el dinero.
Y es que el pasado lunes la alcaldesa aprobó un Decreto para repartir un complemento económico únicamente entre 223 de las más de 400 familias barakaldesas beneficiarias de las ayudas al alquiler. Eso quiere decir que alrededor de dos centenares de ellas van a quedarse sin ese dinero extra. La medida será posible porque, tras los recortes aplicados por el PNV en la cuantía de las ayudas de emergencia, sobran entorno a 150.000 euros en la partida que había en los Presupuestos Municipales.
El complemento aprobado por el PNV alcanza hasta los 600 euros anuales (50 por mes) por beneficiario, que se sumarán al dinero recibido con anterioridad.
“Una cosa es tener que priorizar el gasto porque el Gobierno Vasco no da al Ayuntamiento el dinero suficiente para pagar todas las ayudas, como ha ocurrido en otras ocasiones, y otra muy distinta que se hagan recortes, después sobre dinero y éste se reparta únicamente entre algunas de las familias. Nos parece una decisión discriminatoria”, ha opinado la concejala del PSE-EE Alba Delgado.
RESTRINGIDO A CIERTOS COLECTIVOS
Los beneficiarios del complemento económico son solo aquellos barakaldeses y barakaldesas que hayan recibido ayudas de alquiler en viviendas con un único arrendatario, quienes residan en habitaciones de pensiones, hostales y apartamentos, así como aquellas personas que hayan recibido la ayuda para pagar gastos de endeudamiento derivados del alquiler.
De este modo, quedan fuera del complemento aquellos vecinos y vecinas con viviendas coarrendadas o en las que haya subarrendamientos, así como los que tengan contratos de hospedaje o pupilaje. Se trata de una figura utilizada por parte de personas divorciadas o separadas y jóvenes estudiantes o con trabajos precarios, entre otras.
“Evitar desahucios debe ser una prioridad, pero el PNV está privilegiando a unos casos frente a otros y hoy no nos ha dado una respuesta convincente en la Comisión Informativa de por qué ha tomado esa decisión”, ha explicado Delgado.
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