La plantilla se redujo en 20 trabajadores/as en 2018 y no se han tomado medidas para garantizar que el principal contrato, la jardinería municipal, se mantenga
“La inacción de la alcaldesa (PNV) para adaptarse al nuevo marco normativo nos ha llevado a una situación límite”, advierten los consejeros/as socialistas
El PSE-EE de Barakaldo ha pedido hoy la convocatoria de un Consejo de Administración Extraordinario del Taller Usoa Lantegia, sociedad anónima dependiente del Ayuntamiento donde trabajan numerosas personas con diversidad funcional.
El motivo de esta solicitud es la incertidumbre que existe entre los trabajadores y trabajadoras porque la alcaldesa (PNV) sigue sin tomar medidas para garantizar el futuro de la entidad, tras la entrada en vigor en marzo de 2018 de una normativa que impide contratar más del 80% de su cifra de negocios con el Ayuntamiento.
Usoa cerró 2018 con 20 empleados y empleadas menos en comparación con el año anterior. En 2017 había 375 personas asalariadas*, mientras que 2018 concluyó con 355. En este periodo Amaia del Campo suprimió los contratos de limpieza de la comisaría de la Policía Local y la Biblioteca central que el Ayuntamiento tenía con Usoa para asignárselos a una empresa privada, y dejó de contratar a la entidad otros servicios puntuales.
“La inacción de la alcaldesa y su equipo de Gobierno para adaptarse al nuevo marco normativo nos ha llevado a una situación límite. Están en juego un proyecto social enraizado en Barakaldo desde hace 37 años y el futuro de casi 450 familias”, advierten los consejeros del PSE-EE en la sociedad municipal, Juan Antonio Pizarro y Alba Delgado.
En el informe de gestión de Usoa de 2018 se habla de cuatro reuniones con diferentes instituciones (Diputación de Bizkaia, Gobierno Vasco, Delegación del Gobierno y Osakidetza) y de otras reuniones del Gobierno local de las que se desconocen los interlocutores y el resultado.
Asimismo, la alcaldesa y su equipo no han tomado medidas aún para mantener el principal contrato de Usoa: la jardinería municipal, cuya adjudicación finalizó en 2016 y desde entonces se mantiene con prórrogas irregulares. El importe del contrato casi no se ha modificado desde 2015. Entonces, ascendía a 2.238.972,12 euros al año y en 2018 se situó en 2.264.571,14.
¿RIESGO DE CONTINUIDAD?
Si Usoa pierde esta encomienda del Ayuntamiento al no poder mantenerse la figura jurídica actual, el impacto económico sería tan elevado que pondría en riesgo la viabilidad y continuidad de Usoa. Esta circunstancia impediría llevar a cabo el objeto para el que fue creada en 1982, que no era otro que la protección de la integración laboral y social de las personas con discapacidad.
Cabe recordar que ha pasado más de un año desde la entrada en vigor de la nueva normativa de contratación, basada en otra que directiva europea que debía aplicarse desde hace 3 años y que data de 2014. Es decir, el PNV ha tenido tiempo suficiente para tomar medidas y garantizar el futuro de Usoa.
“Los informes de los técnicos municipales y la gerencia de Usoa han venido advirtiendo de esta situación de forma reiterada desde 2015. Estas advertencias quedaron también de manifiesto hace un año con un informe jurídico externo”, han revelado Pizarro y Delgado.