Los Socialistas consideran una irresponsabilidad de la alcaldesa convocar un Pleno Extraordinario a mitad de agosto, con los técnicos intervinientes en el proceso de vacaciones, para adjudicar por tercera vez el mayor contrato municipal

Alertan de que el Ayuntamiento se enfrenta a posibles indemnizaciones de más de 2 millones de euros debido a la mala gestión de Amaia del Campo y su equipo de Gobierno

camión basuras SLIDER

Los ocho concejales y concejalas del PSE-EE de Barakaldo se han ausentado hoy del Pleno Municipal Extraordinario convocado por la alcaldesa (PNV) para adjudicar el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras. La bancada Socialista considera que no existen las mínimas garantías de información, transparencia y seguridad jurídica para participar en la votación con responsabilidad.

El Partido Socialista cree que Amaia del Campo ha cometido una irresponsabilidad con la convocatoria a mitad de agosto de este Pleno Extraordinario para adjudicar a una empresa el mayor contrato municipal (35,8 millones de euros). Y es que el personal técnico interviniente en este proceso está de vacaciones. Se trata, además, de la tercera propuesta de adjudicación en cuatro meses, lo que coloca al Ayuntamiento de Barakaldo en riesgo de tener que asumir el abono de indemnizaciones millonarias a alguna de las empresas afectadas.

Según la documentación disponible, no es difícil aventurar que este tema lo termine resolviendo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y con la obligación del Ayuntamiento de abonar cuantiosas indemnizaciones (más de 2 millones de euros) debido a la mala gestión política del proceso.

“De esta falta de diligencia o inacción de la alcaldesa y su equipo de Gobierno se pueden derivar responsabilidades para las arcas municipales que tendrían que pagar todos los vecinos y vecinas de Barakaldo por no haber adoptado las medidas cautelares necesarias”, ha advertido la portavoz del PSE-EE, Ana Belén Quijada.

 

CONTRA EL CRITERIO TÉCNICO MUNICIPAL

Para entender lo ocurrido hoy, hay que remontarse al Pleno del pasado mes de marzo. Entonces, se aprobó la adjudicación del contrato a la UTE Enviser-Campezo-Serkón con los votos afirmativos únicamente del PNV y gracias al voto de calidad de la alcaldesa; es decir, sin contar con el apoyo explicito de ningún otro grupo político. Este acuerdo es recurrido ante el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC) por otras dos de las empresas en liza, Valoriza Servicio Ambientales S.A. y la UTE Cespa-Garbialdi-Samos. Ya el 6 de junio, el OARC decide anular la adjudicación, excluyendo a la UTE Enviser-Campezo-Serkón.

El organismo ordena la retroacción de las actuaciones y otorga un plazo de dos meses al Ayuntamiento para la interposición de un recurso contencioso-administrativo. Sin embargo, el PSE-EE ha revelado que a día de hoy todavía no hay constancia de la interposición de dicho recurso, pese a que la decisión es contraria al criterio del técnico municipal.

El 26 de julio, el PNV fracasó en su intento de adjudicar de nuevo el servicio, esta vez a la empresa Valoriza Servicios Ambientales S.A. Su propuesta fue rechazada por la mayoría del Pleno. Esta propuesta no era la que contaba con los informes favorables de los servicios técnicos municipales y su adjudicación suponía un riesgo para las arcas municipales ante posibles recursos de otras empresas.

Con fecha 2 de agosto, el OARC comunica al Ayuntamiento el escrito de incidente de ejecución de la resolución de este organismo por la empresa Valoriza Servicios Ambientales S.A., otorgando un plazo de alegaciones de 10 días hábiles. Pero la alcaldesa aun no se ha puesto en contacto con los grupos políticos para decidir la presentación de alegaciones en defensa de los intereses municipales, según ha denunciado el PSE-EE.

En su lugar, el 3 de agosto la alcaldesa-ejerciente remite un escrito a los partidos con la excusa de dar traslado del incidente de ejecución promovido por la empresa Valoriza Servicios Ambientales S.A., en el que de manera torticera se destaca un párrafo del escrito de la propia empresa interesada en el procedimiento que califica la posición de las concejalas y concejales Socialistas “como un ilícito penal”.

Ante esta situación, el PSE-EE ha exigido a Amaia del Campo que defienda la libertad e independencia de las personas que componen este Pleno para manifestar su posición con total libertad, sin la injerencia o presión de terceros.

 

SE PUEDE RECURRIR LA RESOLUCIÓN DEL OARC

Los Socialistas consideran una temeridad política tomar la decisión de adjudicar el mayor contrato del Ayuntamiento a una empresa determinada sin haber finalizado los plazos para recurrir la resolución del OARC y para la presentación de alegaciones al incidente de ejecución y, por lo tanto, sin una resolución definitiva del OARC sobre el mismo.

Este proceder de la alcaldesa y su equipo de Gobierno ignora la posición técnica municipal, genera mayor incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras afectados y priva a los miembros de la Corporación de los elementos básicos imprescindibles para adoptar la decisión más favorable para los intereses municipales y la adecuada prestación del servicio.

“Han pretendido hacernos creer que la oferta más ventajosa era la que apoyaron en el pleno del 28 de marzo y cuatro meses después nos dicen que la más ventajosa es otra”, ha evidenciado Ana Belén Quijada.

 

21 MILLONES DE EUROS EN PRÓRROGAS IRREGULARES

Cabe recordar que el Gobierno del PNV se encontró con un contrato en perfectas condiciones y ha sido incapaz de gestionar su renovación después de tres años y medio con Amaia del Campo en la Alcaldía.

El actual contrato finalizó su vigencia ordinaria el 31 de diciembre de 2013, siendo prorrogado por periodo de un año en dos ocasiones (2014 y 2015) de acuerdo con lo previsto en los pliegos de condiciones de la adjudicación y con un importante ahorro para las arcas municipales en cada una de las prorrogas.

La prórroga del contrato del 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre del 2015 permitía a la actual Corporación planificar y gestionar la nueva adjudicación con el tiempo y las garantías jurídicas suficientes, cosa que el Gobierno del PNV no ha hecho.

En la actualidad, el contrato se encuentra con prórrogas irregulares en virtud de Decretos de la alcaldesa. Por ello, el Ayuntamiento de Barakaldo ha pagado ya irregularmente más de 21 millones de euros, según los informes de la Intervención Municipal.