El PSE-EE advierte de que Amaia del Campo (PNV) está usando las cartas a los vecinos/as para hacer publicidad

El Secretario General, el Interventor y la Jefatura de Contratación ponen de relieve en sus informes que la alcaldesa ha superado en un 45% el límite legal para gastar en cartas

sobres cartas

Nueva irregularidad en la gestión de la alcaldesa de Barakaldo. Amaia del Campo (PNV) ha aumentado de manera irregular en 165.600 euros el contrato de servicios postales del Ayuntamiento, tal y como han puesto de manifiesto tres informes técnicos del Secretario General, el Interventor y la Jefatura de Contratación. Y es que la alcaldesa ha superado en un 45% el límite legal para gastar en correspondencia.

Este gasto ha coincidido con el envío masivo de cartas a vecinos y vecinas para hacer publicidad de las ayudas a los jóvenes para pagar el alquiler y los gastos de formación, puestas en marcha gracias a sendas enmiendas del PSE-EE al Presupuesto Municipal.

Las misivas, firmadas por la propia alcaldesa, han sido remitidas a todos los barakaldeses y barakaldesas de entre 18 y 35 años. “Amaia del Campo es toda una experta en malgastar dinero público para ‘autobombo’. Su última triquiñuela es usar las cartas como una forma encubierta de hacerse publicidad con información manipulada e incluso falsa, algo que también está haciendo con la revista y la web municipales, con los bandos o los perfiles oficiales del Ayuntamiento las redes sociales”, ha denunciado el concejal del PSE-EE Carlos Fernández.

Cabe recordar que el PNV mantiene además un contrato de más de 240.000 euros para insertar publicidad en los medios de comunicación y que se gasta otros miles de euros en folletos, carteles, publirreportajes, etc.

 

DOS AUMENTOS CONSECUTIVOS

El incremento irregular del contrato de servicios postales se ha realizado por Decreto dos veces, hasta sumar 165.500 euros. La primera resolución es del 22 de diciembre de 2017 y aumenta el gasto en 90.500 euros. El segundo documento es del pasado 20 de junio y hace crecer el gasto en otros 75.000 euros.

El Presupuesto para el contrato de servicios postales era de 300.000 euros y solo se podía incrementar en un 10%, según recogen los pliegos de condiciones. Sin embargo, el aumento alcanza ya el 55% del total; es decir, un 45% más de lo permitido legalmente.

Este aumento del gasto en cartas, según explican los técnicos municipales, “es contrario a derecho” y vulnera los principios de “legalidad, objetividad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad recogidos en los artículos 9 y 103 de la Constitución.